Fotografía de Jean Laurent de la carretera de las Cabrillas, pocos años después de su inauguración. |
Un siglo después de comenzar la construcción de Caminos Reales, la llegada de el camino de hierro, el ferrocarril, provocó que un frenazo en el desarrollo de las carreteras. El apoyo de los sucesivos gobiernos al desarrollo del nuevo medio de transporte llegó a efectuarse en detrimento de la carretera, y la supeditación de los caminos ordinarios a los caminos de hierro se hizo explícita poco después de 1855. La ley de carreteras de 1857, aunque aludía a la necesidad de impulsar el desarrollo de la caminería provincial y local, primó sobre todo en su concepción la consideración de la carretera como infraestructura orientada a integrar el ferrocarril en la red general de transportes terrestres. Las carreteras se clasificaron como de primero, segundo y tercer orden.
El preambulo del Plan General de Carreteras de 1864 dejaba clara la nueva situación:
“7.000 km de ferro-carriles ya terminados, o cuya construcción se halla legalmente autorizada, han dado a conocer la conveniencia de incluir en este plan nuevas carreteras que atraviesen comarcas no suficientemente atendidas y lleven a las vías férreas los productos que estas necesitan para ser explotados con ventaja. La prudente y económica inversión de los fondos públicos reclama al propio tiempo que se supriman en el proyectado sistema de caminos ordinarios los que han sido o van a ser reemplazados con ventaja por los de hierro, así como algunos otros que apareciendo tan solo de utilidad local no deben quedar a cargo del Estado”.
Plano de alcántarilla de Rosca diseñada por Lucio del Valle. |
Con mayor claridad se expresaron los autores de la Memoria presentada al Gobierno por la Comisión Especial encargada de proponer el Plan General de Ferro-carriles, de 1867, al proponer los principios que consideraban más oportunos por lo que a la planificación y construcción de caminos ordinarios respecta:
“1.º, que en la elección de la traza de las carreteras se atienda de manera capital á ligar del mejor modo posible con la red de ferro-carriles todos los centros productores y consumidores de alguna importancia; 2.º, que no se admitan en el plan general de carreteras del Estado las que sean paralelas á las líneas de ferro-carril, sin que esto sea decir que por excepción no deban tener cabida entre las provinciales, atendiendo a que el interés local puede hacerlas alguna vez convenientes en el sistema de comunicaciones de esta clase; 3.º, que el ancho de casi todas las carreteras sea el asignado para las de tercer orden, no empleando el de las de segundo sino cuando notoria y muy justificadamente se pruebe que aquel es insuficiente, y no construyéndolas en ningún caso con el de las de primer orden; y 4.º, que en la ejecución de esta clase de comunicaciones se adopten cuantas economías sean posibles en todos conceptos, sin perjuicio de la solidez y duración de las obras”.
Lo propuesto hasta entonces se haría explícito poco más tarde. Una Orden de Regencia de 7 de abril de 1870, firmada por el entonces responsable de la cartera de Fomento, José Echegaray, dispuso el abandono, por parte del Estado, de 38 tramos o secciones de carreteras de primer, segundo y tercer orden. En total, se desprendió el Gobierno de 2.599 kilómetros de carreteras, entre los que figuran 80 de la carretera de Madrid a La Coruña, 390 de la carretera de Madrid a La Junquera, y 66 de la de Valencia a Castellón. Aunque la medida se reveló pronto perniciosa, recibiendo diversas críticas, las “carreteras abandonadas” no fueron reincorporadas a la red del Estado hasta la segunda mitad de la década.
Alcantarilla en la N-III, carretera de las Cabrillas, proyectada por Lucio del Valle. |
Tanto en aquellos años como durante las dos primeras décadas del siglo XX, los proyectos de carreteras se realizarían anteponiendo el criterio de la economía a otras consideraciones, procurando el mayor equilibrio posible entre desmontes y terraplenes, y consintiendo pequeños radios de curva y fuertes pendientes.
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